La contadora de La Plata acusada de liderar una asociación ilícita se negó a declarar

La investigación que tiene como principal imputada a la contadora platense Natalia Foresio continúa avanzando y en las últimas horas sumó un nuevo capítulo. Mientras la profesional volvió a presentarse ante la Justicia Federal y optó por no prestar declaración, el expediente incorporó cinco nuevos detenidos y una serie de allanamientos que, según los investigadores, amplían el entramado de empresas y personas involucradas en la presunta organización dedicada a la evasión fiscal, el lavado de activos y otras maniobras económicas ilegales.

Foresio compareció este martes ante el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, para una ampliación de la indagatoria. Sin embargo, por consejo de su abogado defensor, Miguel Molina, decidió ejercer su derecho constitucional a guardar silencio, una facultad prevista en el Código Procesal Penal que no puede ser interpretada como un indicio de culpabilidad.

La audiencia se desarrolló con la presencia de su equipo de defensa, integrado también por el abogado Alfredo Gascón, que desde hace semanas analiza la nueva prueba incorporada al expediente, especialmente la contenida en el denominado incidente 55, donde la fiscalía amplió las imputaciones y agregó nuevos elementos de investigación.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo con la hipótesis de la Justicia, Foresio habría encabezado junto a su pareja, Luis Mauricio Cortazzo, además de Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, una organización destinada a generar facturación apócrifa para producir créditos fiscales ilegítimos y facilitar maniobras de evasión tributaria.

Según los investigadores, el mecanismo funcionaba mediante una estructura de tres niveles. En primer lugar, operaban empresas creadas exclusivamente para emitir facturas falsas; luego intervenían firmas intermedias que registraban esas operaciones simuladas y posteriormente las revendían; finalmente aparecían empresas reales que utilizaban ese crédito fiscal espurio para reducir su carga impositiva. Las maniobras habrían comenzado en 2020 y el perjuicio económico estimado por la Justicia supera los 40.000 millones de pesos.

Por estos hechos, Foresio fue procesada en mayo de 2025 junto a Cortazzo, Gatti y Soria por los delitos de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Cinco nuevos detenidos

Mientras la contadora volvía a presentarse ante el juzgado, la investigación avanzó con una nueva batería de procedimientos ordenados por el magistrado.

Efectivos de la Gendarmería Nacional realizaron diez allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi, quienes quedaron incorporados al expediente como nuevos imputados.

La resolución judicial se apoyó, entre otros elementos, en el análisis pericial de los teléfonos celulares, computadoras y demás dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos realizados sobre Foresio. Ese material permitió recuperar conversaciones mantenidas entre la contadora y algunos de los ahora detenidos, principalmente Mangini y Loguzzo, en las que se hablaba sobre confección de facturas, creación de sociedades comerciales y distintas operaciones vinculadas al funcionamiento de las empresas investigadas.

Para los investigadores, esos intercambios fortalecen la hipótesis de que la organización continuó ampliando su estructura mediante la incorporación de nuevas sociedades utilizadas para desarrollar las maniobras.

Nuevas empresas bajo la lupa

En el marco de esta nueva etapa de la investigación, la Justicia también identificó otro grupo de firmas que habrían funcionado como una nueva usina de crédito fiscal falso.

Se trata de ALLBAMEPAL SA, PUNTA DEL INDIO SAS, VENTAS@TOTALES SA, SOLUCIONES@DINÁMICAS SAS y ARGENTINA DINÁMICA SA.

De acuerdo con la información aportada por ARCA, cuatro de esas cinco empresas fueron proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y facturaron más de 2.000 millones de pesos entre los años 2021 y 2024.

Los investigadores sostienen además que esas sociedades presentan distintos vínculos con el estudio contable de Foresio, ya sea mediante domicilios fiscales, direcciones IP utilizadas para operar o personas relacionadas con la estructura investigada.

Sospechas de un entramado aún mayor

A partir de toda la prueba reunida, el Ministerio Público Fiscal amplió el requerimiento de instrucción y sostuvo que podría estar frente a un nuevo entramado delictivo integrado nuevamente por Foresio y los cinco imputados recientemente detenidos.

La fiscalía entiende que las maniobras investigadas no solo estarían relacionadas con la generación de crédito fiscal espurio mediante una asociación ilícita, sino también con operaciones de intermediación financiera no autorizada y posibles defraudaciones contra el Estado a través de licitaciones presuntamente irregulares destinadas a la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía Bonaerense.

El pedido de excarcelación

En paralelo al avance de la investigación, la defensa de Natalia Foresio mantiene vigente un pedido de excarcelación que deberá resolver el juez Kreplak una vez que la Fiscalía Federal N°3 emita su opinión.

En ese planteo, el abogado Miguel Molina sostiene que la contadora es la única imputada que permanece privada de su libertad dentro de una causa que ya cuenta con decenas de procesados que transitan el proceso en libertad.

Además, argumenta que la investigación lleva más de un año, que las principales medidas de prueba ya fueron producidas y que durante el arresto domiciliario —dispuesto en julio de 2025 luego de permanecer alojada en el penal de Ezeiza— Foresio cumplió con todas las condiciones impuestas por la Justicia.

Entre ellas menciona los controles policiales periódicos, la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos, la baja del servicio de internet en su domicilio, el cierre definitivo de su estudio contable y la suspensión voluntaria de su matrícula profesional. Como garantía adicional, la defensa también ofreció la colocación de una tobillera electrónica.

Mientras se espera una definición sobre ese planteo, la investigación continúa creciendo. Tras los procedimientos realizados el pasado 16 de junio, el expediente suma al menos nueve personas procesadas y los investigadores no descartan que en las próximas semanas puedan producirse nuevas imputaciones y detenciones.