El intendente de La Plata, Julio Garro, se negó hoy a declarar ante la justicia federal y presentó un escrito en el que dijo que pensó que eran «asesores» los agentes de inteligencia que participaron en la reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia en 2017 en la que se habló de los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), seccional La Plata.
«No conocía a todos los asistentes y varios de ellos no me fueron presentados, asumiendo se trataría de asesores», sostuvo Garro en el escrito que entregó ante el juzgado federal 3 de La Plata, en el que además rechazó los cargos en su contra y adelantó que piensa ampliar su descargo cuando concluya la producción de las medidas de prueba que están en curso.
En la causa se investiga «el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados», durante el año 2017, según surge del expediente.
Entre los imputados se encuentran Garro, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), empresarios y exfuncionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal.
«Niego haber participado y/o impulsado durante el año 2017 la ejecución de una estrategia tendiente a impulsar denuncias e involucrar en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA seccional La Plata y allegados», sostuvo Garro en el escrito al que accedió Télam.
«No he efectuado aportes probatorios en ninguna causa penal. No promoví ni preste declaración testimonial en ninguna de ellas. Tampoco he realizado gestiones paralelas al desarrollo de procesos penales tendientes a producir efectos en ellos. Y finalmente tampoco participé en actividades de inteligencia ilegal ni consentí jamás acción es ese tipo», afirmó.
Esta causa se inició a partir de la denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un video en el que aparecían funcionarios del Gobierno de Vidal, dirigentes de su espacio político, miembros de la AFI y empresarios, reunidos en la sede porteña del Banco Provincia.
El contenido de ese video se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata.
«Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se le escuchó decir al ministro de Trabajo provincial de entonces, Marcelo Villegas, en las grabaciones de aquella reunión.
Sobre aquel encuentro, Garro sostuvo que asistió «invitado a participar en la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia de Buenos Aires en la que distintos referentes del sector de la construcción platense expondrían la problemática que los afectaba».
«Nunca supe que dicha reunión sería filmada o grabada. Tampoco fui consultado el respecto y por supuesto mucho menos consentí que se filmara o grabara a la misma. Ignoro quien dio la orden para ello, si se hizo a requerimiento judicial o si por el contrario se trata de una maniobra ilegal. No conocía a todos los asistentes y varios de ellos no me fueron presentados asumiendo se trataría de asesores», agregó en su escrito.
La semana de indagatorias concluirá el viernes con la citación del exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Darío Biorci, mientras que la la semana próxima están convocados el exdirector de contrainteligencia de ese organismo Diego Dalmau Pereyra y el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano, quienes ya fueron relevados del deber de guardar secreto.
El lunes último debía presentarse el actual legislador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Pablo Allan, pero su indagatoria se suspendió y se reprogramará una vez que se resuelva si la Legislatura accede a un pedido de desafuero o surge una vía alternativa para que declare.
El juez Kreplak ya le tomó indagatoria a todos los empresarios que participaron de aquel encuentro: solo uno de los hombres de negocios decidió responder preguntas mientras que todos los demás se negaron a declarar y efectuaron descargos por escrito.
Los empresarios confirmaron su asistencia al encuentro, dijeron haber sido convocados de modo «institucional», señalaron que asistieron en busca de soluciones que el Estado pudiera ofrecerles para sus conflictos con la Uocra de La Plata y negaron conocer a los espías que participaron de la reunión.
La semana pasada fueron indagados el exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Adrián Grassi y el exministro Villegas, quienes rechazaron haber participado de maniobras delictivas pero que reconocieron haber tomado contacto directo con agentes de la AFI.
«Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina», sostuvo Grassi en un escrito.
Villegas, por su parte, dio detalles sobre una reunión a la que fue convocado en 2017, en la Casa Rosada, para hablar del entonces referente de la Uocra «Pata» Medina.
«Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: ‘Pata’ Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos», relató Villegas en el escrito que presentó ante la justicia.
«Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (AFI)», detalló Villegas.
La investigación intenta determinar si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron «violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia», según surge del expediente.
