Mariano Bruera, hermano del exintendente de La Plata, fue condenado hoy a la pena de seis años de prisión y a 10 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al ser encontrado coautor del delito de asociación ilícita.
Bruera fue acusado de integrar un grupo que pedía dinero para habilitar lotes destinados al plan Procrear.
En un fallo unánime, los jueces del Tribunal II de La Plata, Hernán Decastelli, Claudio Bernard y Silvia Hoerr, emitieron sentencia al considerar que quedó acreditado «la existencia de una organización destinada a cometer delitos indeterminados integrada por al menos 5 miembros».
Explicaron que esas personas «se dedicaban a solicitar y exigir la entrega de importantes sumas de dinero en dólares, como así también a recibir dinero y otras dádivas, de parte de particulares propietarios de fracciones de terreno o interesados en los mismos, a cambio del dictado de resoluciones favorables en trámite de rezonificación de los inmuebles».
El tribunal además ordenó que se abra una investigación penal contra el exintendente y el exsecretario de Gestión Pública Jorge Campanaro para saber si formaba parte de la organización que pagaba sobornos a propietarios de tierras.
Del veredicto se desprende que la asociación ilícita, en vigencia al menos desde comienzos del año 2014 hasta principios del mes de julio de ese mismo año, estuvo conformada por los entonces secretarios de Gestión Pública Municipal Enrique Angel Sette; el director de Planeamiento Urbano Roberto Moreno; un empleado dependiente de la Dirección de Planeamiento, Ricardo Moratti; el secretario de Relaciones Interjurisdiccionales y de Desarrollo Mariano Oscar Christian Bruera y un particular, Christian Ybarra, quien tiempo atrás mantuviera un vínculo contractual con el municipio.
En ese sentido, también se condenó a Sette a una pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y a Orlandi a 3 años de prisión de ejecución condicional.
Mariano Bruera hizo un descargo en un video en el que además de destacar que es víctima de persecución, anunció que apelarán la decisión del tribunal porque, dijo, «sabemos que la verdad algún día llega como nos ocurrió en otros juicios».
La causa contra Mariano Bruera comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en el año 2014, 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Procrear.
Según la investigación, los terrenos de Andreu eran considerados como «reserva urbana» y por lo tanto se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
Sin embargo, según el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se pueden dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio los dólares.
